Prisión por deudas en Colombia

Mar, 28/05/2013 - 07:50 -- Elmer Montaña

Paula es una joven mujer que trabajaba como empleada del servicio. Óscar, su patrón, la convenció de que firmara unas escrituras ante una notaría a cambio de una propina que la mujer invirtió para mejorar su rancho en el Distrito de Aguablanca.

Tiempo después Óscar fue privado de la libertad por tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito, mientras que Paula fue procesada por el delito de testaferrato. Ambos fueron condenados a penas de prisión y al pago de una exorbitante multa. Cuando cumplieron el tiempo para solicitar la libertad condicional el juez le concedió el beneficio a Óscar, quien había pagado la multa y se lo negó a la mujer porque había incumplido esta obligación.

Paula, al igual que miles de colombianos condenados al pago de multas astronómicas, siguen tras las rejas pese a tener la posibilidad de quedar libres por haber cumplido las dos terceras partes de la sanción privativa de la libertad. El argumento de los jueces de ejecución de penas es el mismo: para otorgar el beneficio además del tiempo en prisión debe cancelarse la multa por tratarse de una pena principal.

Este criterio tiene su origen en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que los jueces acatan sin reparos. De esta manera se ha revivido en nuestro país la prisión por deudas, figura que tuvo su origen en el derecho romano, actualmente repugnada en casi todos los países occidentales. Se dirá que la diferencia estriba en que una cosa es el delito de “incumplimiento de las deudas civiles” y otra muy distinta es la multa impuesta como sanción en una sentencia judicial. Sin embargo, para los efectos prácticos en ambos casos la persona es mantenida en prisión por incumplir con una obligación pecuniaria.

Por regla general las multas impuestas por los jueces son impagables. A Paula, por ejemplo el juez le impuso el pago de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el año 2009, en que fue condenada, equivalían a 496 millones de pesos.

Según algunas estadísticas buena parte del problema de hacinamiento carcelario tiene origen en  la imposibilidad de las personas condenadas de pagar estas astronómicas multas. Los jueces de ejecución de penas, con independencia del criterio de la Corte Suprema, deben entender que la prisión por deudas (así sea una multa) representa un retroceso en la historia y una verdadera afrenta a los derechos humanos.

Desde luego que no podemos desconocer el temor justificado de algunos jueces de enfrentar investigaciones penales y disciplinarias por prevaricato, sin embargo, esto no puede constituirse en un impedimento para aplicar el derecho penal en debida forma. En este sentido los operadores de justicia deben contar con el respaldo de la sociedad, que a no dudarlo tiene interés en el cumplimiento de las sentencias judiciales, pero de manera justa y proporcional. Mantener en prisión a personas por insolvencia económica es un despropósito inaceptable que debería causarnos vergüenza.

Si en verdad queremos avanzar en la descongestión de las cárceles brindemos respaldo a los jueces para que dejen en libertad a los prisioneros por multas y trasladen el asunto al sistema de cobro coactivo por vía civil. No olvidemos que la crisis carcelaria es fruto de apelar al remedio del derecho penal como medicina para resolver los conflictos sociales, creando delitos y aumentando penas, sin posibilidad de otras soluciones que nos ayuden a construir una sistema de justicia que destierre cualquier práctica que atente contra la dignidad humana, y la prisión por deudas es una de las peores.

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